Augusto Lostaunau Moscol

Sobre la masacre de Celendín

Augusto Lostaunau Moscol *

Wilder Sánchez Sánchez, señala que:

“El 31 de mayo del 2012 se inició en las provincias de Cajamarca, Hualgayoc, Celendín, San Pablo, San Marcos y otras el Segundo Paro Regional Indefinido contra el mega proyecto minero Conga. El Gobierno de Ollanta Humala Tasso desató una violenta represión desde el primer día de paro, como ocurrió en la plazuela Bolognesi de la ciudad de Cajamarca, donde los policías arremetieron contra las mujeres y demás personas que preparaban una olla común para atender a los miles de campesinos que participaban en las movilizaciones; allí arrastraron y apalearon a la señorita Lizeth Vásquez Vásquez, al dirigente de rondas urbanas José Rojas Carrera (a quien, incluso, desnudaron y subieron a golpes a un vehículo) y a un periodista de una televisora local; además, patearon y derramaron las ollas que contenían la comida y lanzaron bombas lacrimógenas contra las personas y los alimentos, obviamente para que los campesinos llegados a Cajamarca no tuvieran qué comer y hacer fracasar el paro”.

La lucha del pueblo de Cajamarca contra el Proyecto Conga es una de las más manifestaciones de resistencia popular más representativas que se realizan en el Perú del siglo XXI. Son los ciudadanos cajamarquinos, del campo y la ciudad, quienes se oponen a un proyecto minero que consideran perjudicial para su desarrollo económico. Lo han manifestado desde el principio. No quieren perder las fuentes hídricas naturales que alimentan diferentes valles de la región. Y, los regímenes de turno como la empresa no han podido demostrar que las fuentes hídricas no corren riesgo de contaminación.

Wilder Sánchez Sánchez agrega que:

“En las ciudades de Cajamarca, Celendín, Bambamarca se realizaban masivas movilizaciones, mítines y vigilias todos los días, exigiendo al Gobierno Central la declaratoria de inviabilidad del Proyecto Conga. Los efectivos policiales se trasladaban descaradamente en vehículos de Minera Yanacocha para cumplir sus acciones represivas, evidenciando de esta manera que la Policía Nacional del Perú se había convertido en una fuerza privada de la mina. Además, el régimen minero-militar de Ollanta Humala había dispuesto mediante Resolución Suprema 231-2012-DE la intervención de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Nacional del Perú, del 29 de mayo al 25 de junio del 2012, en las provincias de Cajamarca, Celendín y Hualgayoc “para prevenir los actos de violencia que pudieran suscitarse en razón al paro regional indefinido convocado a partir del 31 del presente mes”. En el caso de Celendín, los efectivos del Ejército se encontraban acantonados desde el mes de abril y el alcalde provincial les había cedido el coliseo cerrado de la ciudad para su cuartel”.

El conflicto socio-ambiental en Cajamarca no determinó que el régimen de Ollanta Humala instale una mesa de diálogo donde participen –como actores principales- los representantes de los ciudadanos cajamarquinos que se oponen al proyecto y los representantes de la empresa minera; además de representantes del gobierno y la sociedad civil peruana que apoya las demandas de los ciudadanos cajamarquinos. Por el contrario, se criminalizó la protesta. Se involucró al Ejército para “defender la patria” de los enemigos. Se mostró un desprecio total por el diálogo que es la base de la democracia. Quizás, es tanta la influencia de los “opinólogos favoritos” de los medios de comunicación privados y con intereses, quienes sostienen que “dialogar es mostrar debilidad”. Y, el modelo económico impuesto por el fujimorato no es el problema; por el contrario, el problema son los “agitadores sociales y los infiltrados”. Además, los narradores de noticias de los programas de la televisión basura solicitaban la intervención del Ministerio de la Mujer para “quitarle los hijos a todas las mujeres que marchaban con sus niños”; mientras que, un par de meses después, no decían nada de la participación (obligatoria) de miles de escolares en la “Marcha por la Vida”.

Juan Arellano Valdivia anota que:

“El 3 de julio del 2012, la ciudad de Celendín cumplía 33 días de acatamiento al paro convocado como una de las diversas medidas de protesta que se realizaban contra el proyecto minero Conga en varias ciudades de Cajamarca. Ese día un grupo de personas tomó la Municipalidad de Celendín, produciéndose enfrentamientos de los manifestantes con la policía. Al principio se informó tan sólo de dos policías heridos, en lo que el Ministerio del Interior calificó de “actos delincuenciales”, provocados por “malos dirigentes” según el en ese entonces Premier, Óscar Valdez…Sin embargo luego se supo que el saldo de los enfrentamientos era de tres muertos y una treintena de heridos por el lado de los civiles, y dos policías y tres miembros del ejército heridos, por el lado de las fuerzas del orden. Aparte se registraron daños en los locales de la Gobernación y de la Fiscalía, así como a diversas propiedades privadas. Como producto de todo esto se declaró el estado de emergencia en las provincias de Celendín, Cajamarca y Hualgayoc. Dicho estado se prolongó durante dos meses”.

La criminalización de la protesta había llegado a su máxima expresión. Los manifestantes son “enemigos” y, por lo tanto, deben ser eliminados. En total, fueron 5 los ciudadanos asesinados en las manifestaciones. Uno de ellos, un adolescente de 16 años. Las investigaciones por los “excesos cometidos se iniciaron”, pero –como informó la plataforma informativa CelendínLibre:

“La Disposición N° 4 del Caso 1914-2012 del fiscal Víctor Pinillos Padilla declara improcedente formalizar y continuar la investigación y archiva caso de homicidio de los fallecidos en Celendín el 3 de julio del 2012 ocurrido en las manifestaciones contra el proyecto minero Conga…Es una resolución contradictoria, en la que el fiscal afirma que la PNP y el Ejército Peruano dispararon cuando ya no tenían armas no letales, lo cual no se desprende del todo en su propio dictamen elaborado sobre la base de los informes de la policía y del ejército. También afirma que sí hay elementos indiciarios de que hubo homicidio doloso de parte de algunos de los miembros de las FFAAs; sin embargo, al no poder individualizarse a cada uno de los que disparó, debe archivarse la causa…Increíble, pero señala que incluso algunos de los disparos pudo provenir del helicóptero que sobrevoló en la ciudad durante los disturbios, corroborando lo que han afirmado varios testigos.  Sin embargo, no dispone continuar con las investigaciones sobre este punto”.

De esta manera, el régimen de Ollanta Humala se colocó del lado de la impunidad y la violación de los Derechos Humanos. Su corto romance con los sectores populares terminaba. Se iniciaba un nuevo gobierno a favor del modelo neoliberal y que apoyaría toda forma de saqueo de nuestras riquezas y destrucción del país. Continuaría así, una fórmula política que se ha mantenido en el Perú de manera histórica. E, ininterrumpidamente desde 1975.

*Historiador a favor del Colegio Profesional de Historiadores del Perú.


Comentarios


Suscríbete a nuestro Newsletter

Recibe nuestro Newsletter diariamente registrándote con tu email y mantente informado con las noticias más relevantes del día.

Suscribirme



También te puede interesar


Mas articulos

Gaceta Ucayalina Radio - Música y Noticias
0:000:00