Augusto Lostaunau Moscol

El Baguazo: 9 años de impunidad

Augusto Lostaunau Moscol *

El 5 de junio de 2009, se produjo el llamado BAGUAZO. Ese enfrentamiento que manchó de sangre de ciudadanos peruanos la carretera Fernando Belaunde Terry. Ese enfrentamiento que, para el ex presidente Alan García Pérez, significó  la muerte de “peruanos de segunda” y “peruanos de tercera”; es decir, la muerte de ciudadanos peruanos pertenecientes a la etnia Awajún y miembros de la Policía Nacional del Perú (quienes son trabajadores explotados sin derecho a sindicato que defienda su trabajo frente al abuso de oficiales y políticos corruptos). Ciudadanos peruanos de la etnia Awajún que la televisión basura denomina “pobladores indígenas”. Ciudadanos peruanos miembros de la Policía Nacional del Perú, institución que fue denigrada durante la dictadura cleptómana de Alberto Fujimori cuando sus miembros fueron degradados a simples guachimanes.

La Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) publicó, un año después, el texto A un año de los sucesos de Bagua, donde sostiene que:

“El 9 de abril de 2009, en el marco de una serie de protestas dirigidas a obtener la derogatoria de un conjunto de Decretos Legislativos que afectaban sus derechos, pobladores indígenas que provenían de diversas comunidades nativas de la región Amazonas tomaron y controlaron varios kilómetros de la carretera “Fernando Belaúnde Terry” en el tramo que va desde el sector denominado “La Curva del Diablo” a “La Balanza” y “El Reposo”, con el propósito de bloquear dicha vía de comunicación”.

Los Decretos Legislativos que permitían la “inversión privada” en territorios que pertenecen a la etnia Awajún fueron elaborados en el marco del cumplimiento del Tratado de Libre Comercio firmado por el Gobierno del Perú con el Gobierno de los Estados Unidos de América. Prácticamente, se impuso liberar esos territorios para “garantizar” el TLC. La Federación Internacional de Derechos Humanos apuntó que:

“El Decreto Legislativo 1090, Ley Forestal y de Fauna Silvestre: reducen la definición del patrimonio forestal dejando fuera del régimen forestal a cerca de 45 millones de hectáreas de tierras con capacidad forestal, es decir el 64% de los bosques del Perú incluida la valiosa biodiversidad que sería rematada a las transnacionales; modificado por la Ley Nº 29317, orientada hacia a la privatización de los bosques y la promoción y el cambio de uso de tierras para favorecer la producción de biocombustibles. Norma derogada luego del 05 de Junio del 2009”.

Además:

“El Decreto Legislativo 1085: crea el organismo de supervisión de recursos forestales y fauna silvestre, como organismo público ejecutor adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros, vulnerando el derecho a la consulta, a la tierra y territorio a la identidad al uso de los recursos naturales y al desarrollo11. Este organismo está destinado a determinar la conveniencia o no de los proyectos forestales, cuando ésta debería ser determinada mediante consulta a las comunidades indígenas que se verán afectadas”.

Y

“Los Decretos Legislativos 1015 y 1073: promueven las inversiones privadas en las tierras de las comunidades nativas y campesinas y permitirían a las comunidades nativas decidir sobre la venta de sus tierras con la aprobación del 50% más uno de sus miembros en lugar de exigir el acuerdo de la asamblea general de la comunidad (dos tercios en la Selva y en la Sierra)”.

Es decir, los ciudadanos peruanos de la etnia Awajún actuaron el legítima defensa de su derecho a la propiedad. Desde el Ejecutivo dirigido por Alan García Pérez, se buscó arrebatarles sus tierras para ser entregadas a “inversiones extranjeras” que lograrían “modernizar” la región. Por “modernizar” debemos entender explotar y contaminar el medio ambiente. La CEAS agrega que:

“Habiendo transcurrido más de 50 días de paralización, el 5 de junio se produjo el desalojo de la carretera Fernando Belaúnde Terry en el tramo denominado la “Curva del Diablo” ubicado en el Caserío “Siempre Viva”, distrito El Milagro, provincia de Utcubamba. Las acciones se iniciaron aproximadamente a las 5:30 a.m. cuando un contingente policial de la DINOES (Dirección Nacional de Operaciones Especiales) intentó sorprender a los indígenas, lo cual produjo un enfrentamiento. Posteriormente, a las 7:30 a.m. tuvo lugar un ataque en el que un contingente mayor de efectivos de la DINOES, con el apoyo de dos helicópteros, lanzó bombas lacrimógenas, perdigones y balas para dispersar a los cientos de indígenas que ocupaban el lugar”.

Es decir, el gobierno de Alan García Pérez y su Consejo de Ministros, contaron con 50 días para poder instalar una mesa de diálogo con los ciudadanos peruanos de la etnia Awajún que se encontraban bloqueando la carretera. 50 días para poder llegar a un acuerdo. Quizás explicar las “bondades” que traería a la región la firma del TLC con los Estados Unidos de América. 50 días para escuchar los argumentos de los líderes Awajún. 50 días para elaborar una política de indemnizaciones en caso los proyectos a ejecutar perjudiquen a los ciudadanos peruanos de la región.

Pero, eso no sucedió. El gobierno de Alan García Pérez decidió actuar con violencia. Los sucesos son conocidos. La CEAS señala que:

“Luego de los acontecimientos en la “Curva del Diablo”, el mismo día 5 de junio organizaciones sociales de las ciudades de Utcubamba, Bagua y Jaén se concentraron en la plazas de dichas ciudades donde expresaron su indignación por lo que estaba pasando. En Utcubamba y Bagua se incendiaron dependencias del Estado…En horas de la tarde también se informó sobre la muerte de nueve efectivos policiales que formaban parte de un contingente de 38 personas –37 policías y un alto funcionario de PetroPerú– quienes habían sido destacadas para resguardar la estación de Bombeo Nº 6 de PetroPerú, ubicada en la localidad de Kusu Grande, del distrito de Imaza, provincia de Bagua. Los indígenas tenían el control de dicho lugar y, con la policía destacada en dicho lugar, tenían el acuerdo de no generar violencia ni agresión…Todos estos hechos originaron la lamentable muerte de miembros de la Policía Nacional del Perú, de personas civiles (indígenas y mestizos); la desaparición del mayor PNP Felipe Bazán Soles; la detención de más de cien personas; además, un número considerable de personas quedaron heridas y más de mil sin albergue”.

Han pasado 9 años de ese trágico día que enlutó los hogares de casi medio ciento de familias peruanas. Hasta hoy se espera justicia en el país de la impunidad.

*Historiador a favor del Colegio Profesional de Historiadores del Perú


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